La noticia del inminente regreso del depuesto ex-Presidente Zelaya a Tegucigalpa, arropado por el secretario general de la OEA y mandatarios latinoamericanos, representa un triunfo discursivo populista y demagógico en la diplomacia internacional y marcará hito en la historia política del hemisferio. Si, además, se efectúa la restitución de su gobierno, menospreciando el carácter nacional de un conflicto primordialmente jurídico, aunque con dimensiones y consecuencias políticas, se habrá consumado una cruzada en la que no habrá vencedores pero sí una clara perdedora – la legalidad constitucional y democrática.No cabe duda que la detención y posterior expulsión del hoy ex-Presidente por un comando militar la madrugada del domingo disparan todas las alertas democráticas. Una lectura superficial y apresurada de estos hechos explica las reacciones de condena en la comunidad internacional. Éstas hablan del “retorno” a la constitucionalidad, al estado de derecho y al imperio de la ley, con la repulsa implícita hacia los militares por supuestamente violentar todo lo anterior, e insisten en definirlo como un golpe militar, análogo al que se dio en Chile en 1973.
Una lectura más profunda y cuidadosa, sin embargo, revela que el depuesto presidente fue quien en primera instancia violentó la Constitución y la legalidad, en impetuoso desafío al criterio de los otros poderes del Estado, a las instituciones y a la sociedad civil hondureña.
Está claro que las formas han prejuiciado gravemente el contenido. Su espectacular detención y vertiginoso traslado a Costa Rica recuerdan con cercanía incómoda al programa Rendition de la Administración Bush y al modus operando de las dictaduras latinoamericanas de antaño, y son insostenibles bajo todo precepto jurídico. Los Derechos Humanos reconocidos garantizan un juicio justo y prohíben la indefensión.
No obstante, el proceso de destitución tiene una trayectoria más amplia y, salvo alguna novedad, parece estar provisto de sólido apoyo jurídico. Al promulgar el Decreto PCM-020, el Sr. Zelaya convirtió la consulta del domingo en referendo constitucional y prevaricó, violentando también los artículos 321 y 322 de la carta magna hondureña. Por recurso del Ministerio Público, el Tribunal de Letras de lo Contencioso Administrativo ordenó a las Fuerzas Armadas requisar el material a utilizarse en la consulta ilegal, según el Artículo 313. La Corte Suprema ratificó esa orden, y los militares actuaron bajo el Artículo 323.
El Congreso consideró la carta de renuncia irrevocable del ex-Presidente con fecha 25 de junio, cuya autenticidad hasta hoy no ha sido desvalorada. Según el Artículo 242, le destituyó e invistió un nuevo Ejecutivo que ha garantizado su permanencia temporal en el poder y la continuidad de los comicios presidenciales de noviembre.
El ex-Presidente violentó el orden constitucional y desacató el dictamen del Poder Judicial y del Tribunal Supremo Electoral, así como las protestas del Poder Legislativo y de la sociedad civil. Las Fuerzas Armadas siguieron órdenes del Poder Judicial para restablecer el orden constitucional y actuaron, así, en defensa y no en contra de la legalidad y de la democracia hondureña. El Poder Legislativo se ajustó a la Constitución y el nuevo Presidente ha llegado al poder por un proceso en toda regla.
Cabe entonces plantearse cuál debe ser el lente paradigmático: Chile en 1973 o Estados Unidos en 2000. Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema en el caso Bush v. Gore, 531 U.S. 98, el Ejecutivo de Bill Clinton no dudó un solo momento en acatarlo, pese a su desacuerdo personal y al de su partido. El respeto a la constitución estadounidense primó sobre cualquier diferencia política. Nadie se planteó usurpar el equilibrio constitucional de los Poderes del Estado, como hizo el ex-Presidente hondureño.
Si los sucesos del fin de semana se ajustan a la legalidad constitucional, entonces el “golpe” no es golpe. La cruzada de rechazo por parte de la comunidad internacional, aunque bien intencionada, es una respuesta política que carece de sustento jurídico. Si el Sr. Zelaya vuelve a gobernar, la clara perdedora será, irónicamente, la misma que se la comunidad internacional pretende salvar.
Como diría Unamuno, creerán que han vencido, pero no habrán convencido.
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